Ángel del Villar: De empresario musical a condenado por vínculos con el narcotráfico
Ángel del Villar, fundador y director ejecutivo de Del Records, ha sido declarado culpable por una corte federal en Los Ángeles de realizar negocios con individuos sancionados por vínculos con el narcotráfico, en violación de la Ley Kingpin. Este veredicto marca un hito en la intersección entre la industria musical y el crimen organizado.
Trayectoria en la música regional mexicana
Del Villar, originario de Zacatecas, fundó Del Records en 2008, convirtiéndola en una de las disqueras más influyentes en el ámbito de la música regional mexicana. Bajo su liderazgo, la compañía impulsó las carreras de artistas como Gerardo Ortiz, Ariel Camacho y Luis Coronel, popularizando géneros como los corridos progresivos y tumbados. La empresa también se destacó por su innovación en la promoción de artistas a través de plataformas digitales.
Asociación con Jesús «Chucho» Pérez Alvear
La condena de Del Villar se centra en su relación comercial con Jesús «Chucho» Pérez Alvear, un promotor musical mexicano sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en 2018 por presuntamente lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su brazo financiero, Los Cuinis. A pesar de estas sanciones, Del Villar y su agencia de talentos, Del Entertainment, continuaron colaborando con Pérez Alvear, organizando conciertos en México hasta marzo de 2019.
Detalles del juicio y testimonios clave
Durante el juicio de nueve días, el jurado encontró a Del Villar y a Del Entertainment culpables de un cargo de conspiración para realizar transacciones con personas sancionadas y diez cargos adicionales por violaciones a la Ley Kingpin. Uno de los testimonios más destacados fue el del cantante Gerardo Ortiz, quien admitió haber participado en conciertos organizados por Pérez Alvear, a pesar de las advertencias del FBI
Consecuencias y sentencia pendiente
Del Villar enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión. Actualmente, permanece en libertad bajo fianza a la espera de su sentencia programada para el 15 de agosto de 2025.